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Fútbol sudamericano

Seis estadios de Brasil 2014, bajo sospecha de corrupción

La mitad de los estadios usados en el Mundial de fútbol de Brasil 2014, seis de 12, están bajo sospecha de corrupción en sus obras de construcción o remodelación, aseguró hoy el portal «Globo» citando denuncias de la compañía Odebrecht.

Las sospechas incluyen al célebre estadio Maracaná de Río de Janeiro, a la Arena Corinthians de Sao Paulo -sede de la inauguración del Mundial- y al Mané Garrincha de Brasilia, según Globo. Los otros estadios cuyas obras serán investigadas son la Arena Pernambuco de Recife, la Arena Castelao de Fortaleza y la Arena de la Amazonía en Manaos.

Los datos se basan en denuncias hechas por decenas de ejecutivos de Odebrecht en su cooperación con la Justicia a cambio de beneficios en sus propios juicios. La compañía está envuelta desde hace meses en escándalos de corrupción en varios países de América Latina. Las grabaciones de las llamadas «delaciones premiadas» de los ejecutivos de Odebrecht fueron hechas públicas esta semana por la Justicia brasileña. Los documentos incluyen más de 300 horas de testimonios en video que amenazan con revelar la enorme dimensión de la corrupción en la política brasileña.

La Corte Suprema autorizó en base a las denuncias de Odebrecht más de 100 investigaciones contra políticos, entre ellos ocho ministros del presidente Michel Temer y los cinco ex mandatarios brasileños vivos.

Varias obras del Mundial Brasil 2014 estaban bajo sospecha de corrupción desde hace tiempo. El estado de Río anunció en marzo que exigirá el reembolso de al menos 63 millones de euros de Odebrecht y otras compañías por sobrecostos en la última reforma del Maracaná, iniciada en 2010. Se estima que los costos de la reforma, prevista inicialmente en los 700 millones de reales, superaron al final los 1.000 millones de reales (unos 320 millones de euros). La construcción de la Arena Corinthians, construida íntegramente antes de Brasil 2014, es investigada desde el año pasado.

Odebrecht admitió en diciembre haber pagado desde 2001 más de 785 millones de euros en sobornos en 12 países, 10 de ellos latinoamericanos, para obtener licitaciones públicas. Los «costos» de los sobornos eran compensados a menudo con el posterior encarecimiento de las obras.

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