La Justicia española propuso hoy la apertura de juicio al futbolista brasileño Neymar, sus padres, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, su antecesor, Sandro Rosell, el propio club azulgrana y el Santos por presuntas irregularidades en el traspaso al equipo catalán.
El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, acordó la transformación en procedimiento abreviado de la investigación por el fichaje del delantero brasileño a raíz de una querella de la empresa DIS, copropietaria de los derechos de jugador en el momento de ser traspasado al Barcelona en 2013.
El juez propuso que sean juzgados por corrupción entre particulares y estafa impropia Bartomeu, Rosell y el club catalán, y solo por el primero de los delitos el jugador, sus padres y la empresa N&N. Además, pidió que sean juzgados por el segundo cargo el club brasileño y el ex directivo del Santos Odilio Rodrigues Filho.
El auto puso fin a la instrucción y dio un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
De la Mata recordó que la Sala de lo Penal ordenó reabrir la causa el pasado mes de septiembre y continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado.
Neymar da Silva, metido en el ajo | Getty
Según explicó el juez, el contrato firmado en 2011 por el que Neymar recibiría 40 millones de euros (unos 44 millones de dólares al cambio actual) para fichar en el futuro por el Barcelona «habría alterado el libre mercado de fichaje de futbolistas«.
Para De la Mata, esta circunstancia constituyó un delito de corrupción entre particulares «al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia, de modo que se obtuviera una mayor cantidad económica por el traspaso».
«Si el objetivo de este contrato fue directamente alterar el mercado de fichajes de futbolistas, según estima la Sala, entonces es razonable pensar que los dos directivos que intervinieron en su firma (Rosell y Bartomeu) fueron responsables de esta decisión, de la firma del contrato y conscientes de esta finalidad ilícita«, agregó.
Según el juez, los dirigentes del Barcelona articularon «un paquete de contratos simulados sin más fin que ocultar el importe real, no dieron cuenta a la Junta Directiva, no reportaron a la Asamblea de Socios y firmaron los contratos comprometiendo a la entidad barcelonista a realizar todos estos pagos».
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