La FIFA ha publicado esta semana una actualización de su comportamiento respecto a los Derechos Humanos. En su comunicación incluía un reporte sobre las últimas novedades y recordaba la inclusión que llevó a cabo el año pasado de este capítulo fundamental en sus estatutos.
A través de cuatro pilares básicos se sustenta la política del organismo mundial ante los abusos a este respecto: compromiso e integración, identificación y dirección, protección y corrección, dedicación y comunicación. Son una buena muestra de un cambio de actitud en una etapa convulsa, pero su grandiosidad es el primer indicador de su presumible falta de resultados, al convivir los buenos propósitos con las mejores palabras, sin una mínima presencia para la crítica ni el ánimo corrector.
En la comparación con la realidad parecen insuficientes las buenas intenciones. Ha creado un consejo asesor, colabora con los grupos de interés, ha incluido a los derechos humanos en su estrategia y asegura estar vigilante en los trabajos de construcción de estadios e infraestructuras en Rusia y Qatar, próximas sedes del campeonato del mundo. Pero las denuncias de numerosas organizaciones, las detenciones de dirigentes de la federación internacional y el goteo de casos de corrupción son contrapesos tan graves que desequilibran la balanza de la conducta.
Freedom House es una organización con sede en Washington y oficinas en más de una decena de países, que promueve la democracia, las libertades y los derechos humanos. Elabora anualmente un muy reputado informe acerca del estado de la democracia y la libertad en 195 países, a través de datos que muestran tanto los derechos políticos como las libertades civiles. La FIFA tiene 211 federaciones asociadas pero en su mayoría las listas de ambas instituciones son coincidentes. De la relación de Freedom House, el 45% de los estados son plenamente libres, 87 países, en tanto que 59 son parcialmente libres y 49 no lo son en absoluto. En esta lista se pueden encontrar nombres que no sorprenderían a ningún observador, pero también dos que resultan aún más familiares, concretamente los de Rusia y Qatar, ya anunciados como próximos anfitriones del principal torneo organizado por la FIFA.
Freedom House
Es muy difícil justificar el respeto por los derechos humanos al mismo tiempo que se reparte poder a países que probadamente los violan. Puede entenderse que abrir esos territorios al mundo es una forma de aumentar la vigilancia sobre ellos y que le irrupción de riqueza que genera una organización como la del Mundial de fútbol significa, al mismo tiempo, una mejora en las condiciones de vida de los más desfavorecidos. No obstante, estas buenas intenciones son similares a las propuestas de los utópicos del siglo XIX, cargadas de magníficas intenciones y escasas de presupuesto y continuidad.
Son abundantes las denuncias que Rusia y Qatar han recibido desde diversos puntos, que abarcan tanto organizaciones no gubernamentales como otros colectivos de la sociedad civil internacionales, instituciones nacionales y asociaciones tanto del fútbol como de otros sectores. La FIFA se ha limitado a lanzar tibios comunicados y a reforzar la decisión tomada sobre la celebración de ambas competiciones pese a los indicios de irregularidades e investigaciones judiciales sobre el proceso de adjudicación de las mismas.
Dentro de esas pesquisas se encuentra la acusación de la Fiscalía de Nueva York sobre más de 40 miembros de la FIFA, sus confederaciones o federaciones nacionales. De todos ellos, en torno a la mitad se ha declarado ya culpable de los cargos que se les imputan, que van desde el blanqueo de capitales hasta el soborno o la apropiación indebida. Los dirigentes implicados se aprovecharon de su posición para estafar, sobornar o chantajear a empresas y particulares mediante la comercialización de los derechos televisivos y de marketing o el desvío de fondos destinados para la ayuda a la comunidad.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Getty Images)
Algunos de los referidos han sido figuras descollantes de la FIFA y su concurso ha sido relevante en la toma de decisiones estratégicas para la organización. Han manejado recursos y han supervisado informes de desempeño de las candidaturas para albergar competiciones, incluidas las menos respetuosas con los derechos humanos. La protección de la FIFA ante estos individuos se encuentra en un nada ambicioso código ético, que se aplica sobre los miembros de la institución: la solución más sencilla adoptada por muchos de ellos ha sido abandonar sistemáticamente el entramado o la FIFA. Salvado el trámite, salvadas las responsabilidades.
Esta es la máxima autoridad en el mundo del fútbol, encargada, según sus propios estatutos, de mejorar el fútbol y promoverlo a nivel global. Más de un siglo lleva en Suiza, y todo ese tiempo le ha ocupado integrar una política sostenida de respeto por los derechos humanos. El deporte se identifica con infinidad de valores, sus rectores no tienen por qué abandonarlos ni limitar su compromiso al anuncio de un frío informe de procedimientos.
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